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Resolución firmada en favor de una ley sólida sobre la cadena de suministro
El 8 de febrero de 2021, Bonn fue uno de los primeros firmantes de la resolución a favor de una ley sólida sobre la cadena de suministro. La resolución fue iniciada por 34 ciudades y municipios de toda Alemania comprometidos con unas normas justas, ecológicas y respetuosas con los derechos humanos en la contratación pública.
Un marco jurídicamente vinculante debería obligar a las empresas a analizar, prevenir e informar de forma transparente sobre los riesgos de violación de los derechos humanos, laborales y medioambientales internacionalmente reconocidos a lo largo de toda su cadena de valor. Debería ser posible excluir a las empresas de los procedimientos de contratación pública si se demuestra que se han incumplido las obligaciones de diligencia debida o que los planes de diligencia debida son incompletos o inexistentes.
Las autoridades locales representan la mayor parte del volumen de compras del sector público en Alemania, que asciende a unos 350.000 millones de euros. Las autoridades locales son, por tanto, importantes pioneras en materia de contratación sostenible. La ley de la cadena de suministro sienta las bases de una producción social y ecológicamente responsable y comprometida con el trabajo digno para todos. De este modo, se puede contribuir a nivel local a la aplicación de los objetivos globales de sostenibilidad. Una regulación legal de las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos también es bien acogida actualmente por numerosas empresas alemanas.
El Gobierno alemán aprobó una ley sobre la cadena de suministro el 12 de febrero de 2021. Los representantes de la "Iniciativa de la Ley de la Cadena de Suministro" acogen con satisfacción el acuerdo como un primer paso hacia el fortalecimiento de los derechos humanos, pero critican el hecho de que no incluya una regulación de la responsabilidad civil. La ley afectará a las grandes empresas con al menos 3.000 empleados a partir de 2023, y a partir de 2024 incluirá también a las empresas con 1.000 o más empleados.
