Las personas sin seguro médico seguirán teniendo en el futuro un punto de contacto fiable en Bonn. El Ayuntamiento de Bonn ha decidido ahora que el proyecto del Certificado Anónimo de Seguro de Enfermedad sea financiado por la ciudad de Bonn durante tres años más. Para ello se necesita un total de 995.539 euros. La financiación cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2027, y la posibilidad de una financiación permanente como servicio voluntario prestado por la ciudad se debatirá en el marco de las deliberaciones presupuestarias.

"La aprobación del Consejo es una buena noticia para la asociación AKSB y, por supuesto, para todas aquellas personas que, por diversas razones, no tienen un seguro médico regular", afirma la alcaldesa Katja Dörner. "Con la nueva financiación, la ciudad de Bonn prosigue sus esfuerzos por hacer realidad el derecho humano a la asistencia sanitaria", prosigue la alcaldesa.

Se calcula que 5.000 personas en Bonn no tienen acceso a una asistencia sanitaria adecuada. Esto afecta principalmente a personas indocumentadas o sin hogar, así como a personas sin seguro médico o con derecho limitado a prestaciones porque deben cotizaciones. Los ciudadanos en paro de los Estados miembros de la Unión Europea también se ven afectados con frecuencia.

Con esta decisión, el ayuntamiento ha seguido la recomendación de la administración municipal. El proyecto, llevado a cabo por la asociación Anonymer Krankenschein Bonn (AKSB) y apoyado por la Oficina de Asuntos Sociales y Vivienda y el Departamento de Sanidad, está en marcha desde otoño de 2021 y se centra en el llamado centro de compensación, al que los afectados pueden acudir en busca de ayuda, asesoramiento y para aclarar sus derechos. La financiación del proyecto por parte de la ciudad de Bonn tiene sentido desde el punto de vista económico, habida cuenta de las numerosas transiciones a los sistemas sociales normalizados.

La tasa de pacientes que el AKSB ha podido integrar en la asistencia ordinaria supera el 30%, lo que supone más del doble de lo previsto antes de poner en marcha el proyecto. Esto significa que la asistencia sanitaria que el AKSB puede ofrecer a sus pacientes no sólo está libre de barreras, sino que también es económicamente favorable. Para los propios afectados, el paso fuera de la "ilegalidad" y las precarias condiciones de vida supone un gran aumento de la calidad de vida.